Para evitar llegar a este punto, las empresas pueden acogerse a mecanismos legales como la reorganización empresarial, que permite reestructurar deudas y acuerdos con acreedores. También pueden solicitar un acuerdo de pago con la DIAN para evitar sanciones fiscales. Otra opción es la capitalización de pasivos, convirtiendo deudas en inversión.
Existen dos factores principales que afectan la capacidad de las compañías para renegociar y reestructurar su deuda.
El primero es la situación macroeconómica general, que, con tasas de interés altas y la incertidumbre sociopolítica, ha deteriorado las carteras de consumo y corporativa. Los préstamos reestructurados representan sólo entre el 2% y el 3% del total de la cartera financiera en Colombia y suelen consistir en la reducción y capitalización de intereses, extensión de plazos y otorgamiento de períodos de gracia.
El segundo factor es cualitativo y está relacionado con la credibilidad de los deudores ante las instituciones financieras. Si el deudor tiene un buen historial con el banco, la probabilidad de alcanzar un acuerdo es mayor.
Las empresas con problemas de liquidez suelen optar por negociar directamente acuerdos de reperfilamiento de deuda con sus acreedores financieros. Una segunda opción consiste en acogerse a los procedimientos de insolvencia regulados por la Ley 1116 de 2006, recientemente reformada por la Ley 2437 de 2024 que incorpora mecanismos novedosos y más expeditos para hacer más eficientes los procesos de reorganización, con base en la regulación expedida durante la pandemia.
Tomar decisiones estratégicas a tiempo y contar con asesoría legal especializada puede marcar la diferencia entre la recuperación y la liquidación.
Fuente: Muñoz Montilla Abogados Asociados – Asuntos Legales